
La lucha del presidente Trump contra los "silos de información" representa malas noticias para tus datos personales.
La orden ejecutiva de Donald Trump del 20 de marzo tiene como objetivo eliminar los silos de datos, aunque esto podría comprometer la privacidad.
Recientemente, se emitió una orden ejecutiva presidencial denominada “Detener el desperdicio, fraude y abuso eliminando los silos de información”, el 20 de marzo. Esta medida otorga al gobierno federal la capacidad de consolidar todo el material no clasificado de diversas bases de datos gubernamentales. A pesar de que podría parecer un paso menor en comparación con otras decisiones más drásticas que afectan a agencias vitales, la orden ha pasado desapercibida, ensombrecida por otros eventos relevantes.
A primera vista, la orden parece sensata. El término "silo", que alude a la práctica de aislar información, sugiere desperdicio. La información aislada priva a las organizaciones de los beneficios que provienen de la colaboración de datos, lo que conlleva decisiones tomadas con información incompleta y la duplicación innecesaria de proyectos. Las historias que ilustran los desastres provocados por los silos en el ámbito empresarial son abundantes. Si se busca erradicar el desperdicio, eliminar silos puede ser beneficioso. Por ejemplo, si una compañía inmobiliaria proporciona valoraciones fraudulentas a prestamistas y aseguradores, la posibilidad de acceder a esos datos podría revelar tales irregularidades.
Sin embargo, es importante proceder con cautela. Los silos también cumplen una función crucial en la protección de datos personales sensibles, especialmente los mantenidos por el gobierno. La privacidad es un motivo evidente para mantener ciertos datos, como archivos médicos y declaraciones de impuestos, separados. Las leyes actuales limitan el acceso a esta información, pero la nueva orden podría permitir que cualquier funcionario federal acceda a ella si así lo decide el presidente.
Las preocupaciones sobre privacidad se acentúan con la posibilidad de que el gobierno compile información detallada sobre individuos en un solo expediente. Según un experto en privacidad, es fundamental que los datos se recojan solo para propósitos legales específicos y se utilicen exclusivamente para esos fines, evitando que el gobierno trate esta información como un recurso accesible en cualquier momento.
Además, existen razones prácticas para mantener los silos. Por ejemplo, el IRS tiene un sistema que permite a ciertos contribuyentes pagar impuestos, incluyendo a aquellos que no tienen estatus legal en el país. Si se disuelven esos silos, se podría comprometer la recolección de esos impuestos. La misma lógica aplica a datos del censo, los cuales están protegidos para fomentar la participación ciudadana.
Crear una base de datos centralizada que contenga información consolidada podría resultar atractivo para hackers y delincuentes, y el gobierno no ha mostrado un buen historial en la protección de datos sensibles. Aunque la orden establece que la consolidación debe ser “consistente con la ley aplicable”, parece contradecir la Ley de Privacidad de 1974, que limita el “coincidencia de computadoras”. Sin embargo, también se menciona que la orden puede prevalecer sobre cualquier regulación bajo la autoridad del presidente.
Por otra parte, la orden también otorga al gobierno acceso amplio a datos de programas estatales que reciben financiación federal, lo que implica que se podrían vulnerar los límites entre la información pública y privada.
Aunque la posición del DOGE, un organismo que busca acceso a registros no clasificados, no fue mencionada en la orden, ha demostrado un interés constante en obtener información personal desde su creación. En un reciente dictamen, una jueza federal ordenó una restricción temporal sobre los intentos del DOGE de acceder a registros de seguridad social, calificado como una “expedición de pesca” injustificada en los asuntos personales de millones.
Si bien no se está en contra de la eficiencia en las operaciones gubernamentales, es necesario tener precaución. La orden del 20 de marzo podría llevar a una pérdida significativa de la precisión de nuestras bases de datos, afectando ingresos y, sobre todo, nuestra privacidad. La eliminación de silos podría dejar un vacío que lamentaremos.