Una parte fundamental de la ley de seguridad en línea para niños en California sigue suspendida tras fallo del tribunal de apelaciones.
Una parte de la ley regresará al tribunal de primera instancia.
Un tribunal de apelaciones federal en California ratificó parcialmente una decisión de un tribunal de distrito que impedía la implementación de una importante ley de seguridad en línea dirigida a la protección de los menores. El panel de jueces del Noveno Circuito se opuso a un aspecto de la California Age-Appropriate Design Code Act, en particular, a la obligación impuesta a las empresas en línea de "opinar sobre y mitigar el riesgo de que los niños pudieran estar expuestos a materiales dañinos o potencialmente dañinos en línea". El tribunal de apelaciones determinó que esta norma "viola claramente la Primera Enmienda".
Debido a esto, se mantuvo una orden de suspensión preliminar sobre esa parte de la ley y aspectos relacionados. Sin embargo, se remitió otra sección de la ley al tribunal inferior para su reconsideración, dejando en suspenso el resto de la orden de suspensión preliminar, dado que no estaba claro si las demás estipulaciones de la ley constituían una violación de la Primera Enmienda. Los jueces opinaron que era "demasiado pronto" para determinar si las partes inconstitucionales de la ley pueden separarse efectivamente del resto.
El juez Milan Smith Jr., autor de la decisión, subrayó la importancia del requisito de la evaluación de impacto en la protección de datos (DPIA) que la ley impondría a las empresas en línea. Esta evaluación obligaría a las empresas a elaborar informes sobre si sus diseños podrían dañar a los niños y "crear un plan de acción cronometrado para mitigar o eliminar los riesgos". Smith concluyó que esta obligación probablemente no superaría el escrutinio de la Primera Enmienda, argumentando que California "podría haber utilizado medios menos restrictivos para alcanzar sus objetivos de protección", como incentivos para filtros de contenido voluntarios, educación para niños y padres, y el cumplimiento de leyes penales existentes.
Además, destacó que la legislación estatal "intenta censurar indirectamente el material disponible para los niños en línea, delegando la controvertida cuestión de qué contenido puede 'dañar a los niños' en las propias empresas". Esta decisión podría tener implicaciones negativas para otras iniciativas legislativas, como el Kids Online Safety Act (KOSA), el cual recientemente fue aprobado en el Senado con un amplio apoyo.
No obstante, los jueces señalaron que otras partes de la Age-Appropriate Design Code Act podrían no violar la Primera Enmienda en todas sus aplicaciones. Smith mencionó disposiciones como la prohibición de patrones oscuros que presionan a los niños a proporcionar más información de la necesaria para el funcionamiento del servicio. "Con base en el expediente desarrollado hasta ahora en esta litigación, no está claro si un ‘patrón oscuro’ en sí mismo constituye un discurso protegido y si una prohibición de su uso necesariamente siempre desencadenaría un escrutinio bajo la Primera Enmienda", agregó.
Asimismo, se afirmó que el tribunal de distrito debería haber analizado con mayor detenimiento si otras secciones de la ley podrían mantenerse en pie al aplicarse a empresas que no son de redes sociales y que están cubiertas por la legislación. Esta decisión representa la más reciente victoria relativa en la serie de litigios de NetChoice contra regulaciones de internet a nivel estatal, incluidas aquellas dirigidas a la protección infantil en línea. Las cortes han respaldado muchos de los argumentos relacionados con la Primera Enmienda presentados por el grupo, que representa a empresas como Meta y Google. Este fallo también es particularmente relevante tras una sentencia del Tribunal Supremo de este año que reafirmó que la moderación y curaduría de contenido por parte de las plataformas son consideradas discurso protegido.
Finalmente, el despacho del fiscal general de California no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El director del Centro de Litigios de NetChoice, Chris Marchese, describió la decisión como "una victoria para la libre expresión, la seguridad en línea y las familias californianas", enfatizando que "el tribunal reconoció que el gobierno de California no puede obligar a las empresas privadas a censurar contenido lícito en línea o restringir su acceso".
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