Una nueva ley podría provocar un descenso en las ventas de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

Recientemente, varios estados de Estados Unidos, incluidos Nueva York, Minnesota, California, Oregon y Colorado, han promulgado leyes que obligan a las empresas de tecnología de consumo a hacer disponibles los manuales de reparación y los materiales necesarios para reparar dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Estas regulaciones, conocidas como leyes sobre el "derecho a reparar", tienen como objetivo cambiar la mentalidad de "comprar uno nuevo cuando el anterior falla", un enfoque común en la industria tecnológica, donde el coste de reparar un smartphone puede ser similar al de adquirir uno nuevo. Además, buscan combatir el problema de la basura electrónica generada por el desecho de productos que aún podrían ser reparados.

Las iniciativas, que han sido impulsadas por años de trabajo en los congresos estatales y que enfrentaron una fuerte resistencia del cabildeo de grandes firmas tecnológicas como Apple, Google, Samsung y HP, persiguen una mayor accesibilidad a procesos de reparación. Estas empresas han defendido su postura aduciendo complicaciones en las cadenas de producción y problemas de compatibilidad, pero al final, los dispositivos reparables tienen una vida útil prolongada, lo que podría impactar negativamente en sus ventas.

Cada estado ha desarrollado su propia legislación, aunque todas comparten el mismo propósito de facilitar a los consumidores la reparación de sus dispositivos. Por ejemplo, la ley de Nueva York establece que las compañías deben garantizar la disponibilidad de piezas, manuales y herramientas desde el 1 de julio de 2023. Minnesota y California, por su parte, requieren que se aseguren los insumos de reparación para dispositivos vendidos desde el 1 de julio de 2021, mientras que las leyes en Oregon y Colorado comenzarán a aplicarse en enero de 2025 y 2026, respectivamente.

A pesar de la adopción de estas leyes, aún no está claro cómo se implementarán. Según Gay Gordon-Byrne, director ejecutivo de The Repair Association, aún es pronto para evaluar la conformidad de las empresas con estas regulaciones, ya que asegurar el "derecho a reparar" implica desde la disponibilidad de piezas hasta la publicación de manuales con instrucciones. Gordon-Byrne expresó que anticipan ciertos vacíos en la implementación, aunque no se sabe aún en qué aspectos ocurrirán.

Por otra parte, se ha manifestado la necesidad de una legislación federal o incluso internacional que complete estos esfuerzos a nivel estadual. Un ejemplo notable es el Parlamento Europeo, el cual ha exigido a Apple que adopte el estándar USB-C en todos sus dispositivos y ha aprobado medidas para promover el derecho a reparar. Esta legislación europea otorga a los países miembros un plazo de hasta 24 meses para implementarla, y proporciona a los consumidores derechos adicionales, como la posibilidad de solicitar un dispositivo de reemplazo mientras el suyo está siendo reparado.

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