El Departamento de Trabajo de EE. UU. investiga a Scale AI.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL) está realizando una investigación sobre Scale AI, una startup dedicada al etiquetado de datos, para verificar su cumplimiento con la Ley de Normas Laborales Justas. Esta ley federal abarca aspectos como los salarios no remunerados, la clasificación incorrecta de empleados como contratistas y la represalia ilegal contra los trabajadores. Según un documento, la investigación ha estado en curso desde al menos agosto de 2024 y todavía sigue activa, según fuentes cercanas al caso.

Es importante señalar que la existencia de la investigación no implica necesariamente que Scale AI haya cometido alguna infracción, ya que los resultados pueden ser favorables para la compañía o pueden llevar a que el caso sea desestimado. Scale AI, con sede en San Francisco y valorada en 13.8 mil millones de dólares el año pasado, cuenta con un gran número de trabajadores a quienes clasifica como contratistas para llevar a cabo tareas esenciales relacionadas con la inteligencia artificial, como el etiquetado de imágenes para grandes empresas tecnológicas y otras organizaciones.

Un portavoz de Scale AI, Joe Osborne, comentó que la investigación se inició durante la administración presidencial anterior y que la compañía ha sentido que su labor en la construcción, prueba y evaluación de inteligencia artificial no ha sido comprendida correctamente por los reguladores en ese momento. Además, sostuvo que Scale AI ha colaborado profundamente con el DOL para explicar su modelo de negocio y que las conversaciones han resultado ser productivas. Osborne también mencionó que Scale AI ofrece "oportunidades de trabajo flexible en AI" a más estadounidenses que cualquier otra empresa, y que los comentarios de sus colaboradores son "abrumadoramente positivos". "Cientos de miles de personas utilizan nuestra plataforma para mostrar sus habilidades y ganar un dinero adicional", agregó.

Pese a su popularidad como plataforma de trabajo eventual, Scale AI ha enfrentado desafíos legales por parte de algunos exempleados en relación a sus prácticas laborales. Dos demandas han sido presentadas contra la startup —una en diciembre de 2024 y otra en enero de 2025— por antiguos trabajadores que alegan haber sido mal pagados y clasificados incorrectamente como contratistas, lo que les niega acceso a beneficios como el pago de horas extra y días de enfermedad. Scale AI ha rechazado con firmeza estas acusaciones, asegurando que cumple con la ley y se esfuerza por ofrecer tasas de pago que se ajustan o exceden los estándares de salario mínimo local.

Además, los procedimientos laborales internacionales de Scale AI fueron objeto de una investigación en 2023, donde trabajadores en el extranjero denunciaron que se les exigía trabajo a bajo costo bajo la clasificación de contratistas. La compañía entonces declaró que las tasas de pago estaban en constante mejora. Según el sitio web del DOL, el departamento puede resolver la mayoría de los casos de manera administrativa, pero los empleadores que infrinjan la ley pueden enfrentarse a multas y, potencialmente, a penas de prisión. El DOL tiene también la capacidad de obligar a los empleadores a reclasificar a sus trabajadores como empleados.

Scale AI parece estar en una posición favorable dentro del ecosistema de Silicon Valley bajo la nueva administración presidencial. Su CEO y fundador, Alexandr Wang, asistió a la inauguración de Donald Trump, al igual que otros muchos CEOs del sector tecnológico. También es relevante mencionar que el exdirector general de Scale AI, Michael Kratsios, es el nominado de Trump para dirigir la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Kratsios, quien anteriormente fue CTO de EE. UU. en la primera administración de Trump, asesorará sobre asuntos de ciencia y tecnología, aunque este rol no tiene supervisión sobre el Departamento de Trabajo. Aunque participó en una audiencia del Senado el 25 de febrero, aún no ha sido confirmado.

Un portavoz del DOL, Michael Petersen, declaró que no pueden confirmar ni negar la existencia de alguna investigación, de acuerdo con la política establecida hace tiempo.