El juez ratifica la decisión de anular el paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Elon Musk, a pesar del respaldo de los accionistas de Tesla.

La jueza del tribunal de Cancillería de Delaware, Kathaleen McCormick, ha rechazado la solicitud de Tesla para modificar su decisión sobre el paquete de compensación de $56 mil millones para el CEO Elon Musk, a pesar de que los accionistas votaron en la reunión anual de la compañía este año para "revalidar" el acuerdo. En un extenso documento de 103 páginas publicado el lunes, McCormick explica que el intento del equipo legal de Tesla —que Musk ha calificado de "duro"— contenía múltiples fallas que resultaron fatales por sí solas. La jueza expresó que "el gran y talentoso grupo de firmas defensoras fue creativo con el argumento de ratificación, pero sus teorías sin precedentes contradicen múltiples principios del derecho establecido".

Tesla ha anunciado que apelará la decisión en una publicación en X, y se esperaba que lo hiciera ante la Corte Suprema de Delaware desde la emisión de la opinión inicial de McCormick en enero. Desde entonces, la compañía se ha reincorporado de Delaware a Texas. Adicionalmente, Musk ha asumido un rol cercano al presidente electo Donald Trump, lo que suscita interrogantes sobre sus prioridades en medio de una nueva administración en Estados Unidos.

La jueza también otorgó a los abogados del demandante un honorario de $345 millones, que puede ser pagado en efectivo o en acciones de Tesla. Esta cifra, aunque elevada, sigue siendo solo una fracción de los $5.6 mil millones que esos abogados habían solicitado anteriormente. Tesla otorgó este paquete de compensación a Musk en 2018, cuando la compañía eléctrica atravesaba una crisis. Este acuerdo detallaba una serie de hitos en el precio de las acciones que Tesla debía alcanzar para que Musk desbloqueara el valor total del paquete, hitos que la empresa superó con facilidad en los años siguientes al aumentar la producción de los modelos Model 3 y Model Y.

Un exabogado de defensa corporativa, Richard Tornetta, demandó a Tesla por el acuerdo. Sus abogados argumentaron que los accionistas estaban mal informados, ya que la compañía y su junta directiva estaban bajo una gran influencia de Musk, lo que resultó en negociaciones desequilibradas. Durante el juicio, McCormick explicó en su opinión de enero que encontró veraz el núcleo del argumento de Tornetta.

Tesla sometió la opinión a votación en su reunión de accionistas en junio, buscando re-litigar el acuerdo en el tribunal de la opinión pública. La empresa presentó una nueva declaración de poder que incluía la opinión de enero de McCormick, con la esperanza de informar adecuadamente a los accionistas para votar nuevamente. La revalidación fue aprobada por un margen de más de dos a uno, y los abogados de Tesla intentaron utilizar esto para convencer a la jueza de cambiar de opinión. Sin embargo, McCormick sostuvo que el equipo legal de Tesla "no tiene base procesal para cambiar el resultado de una decisión adversa posterior al juicio basada en pruebas que generaron después del juicio". Esto fue una de las "fallas fatales", según ella.

Entre las otras fallas, McCormick señaló que el equipo legal de Tesla consideraba la votación como una ratificación "común", una defensa afirmativa que no puede levantarse tras la emisión de una opinión post-juicio. En cuanto a la idea de ratificación común, McCormick lo desafió, señalando que aunque los abogados de Tesla argumentaban que "los accionistas tienen el poder de adoptar cualquier acto corporativo que consideren en su propio interés", esta idea es "generalmente dudosa y, sin lugar a dudas, falsa en el contexto” de cómo la gobernanza de Tesla estaba esencialmente controlada por Musk. Finalmente, sostuvo que “incluso si la votación de los accionistas pudiera tener un efecto de ratificación sobre la concesión, no podría ser efectiva aquí debido a múltiples y materiales declaraciones erróneas en la declaración de poder”.

“La novedad por sí misma no es necesariamente perjudicial, pero la solicitud novedosa de los demandados contradice las bases de política de todas las reglas relevantes de procedimiento y la doctrina de la ley del caso —finalidad, eficiencia, consistencia e integridad del proceso judicial”, concluyó McCormick.