El regulador de privacidad de Irlanda está indagando sobre el uso de datos públicos por parte de X para entrenar a Grok.
El país está aplicando las normas de la UE debido a que la empresa tiene su sede en Dublín.
La autoridad de privacidad de datos de Irlanda está llevando a cabo una investigación sobre la plataforma X, dirigida por Elon Musk. La Comisión de Protección de Datos (DPC) del país anunció el viernes que iniciará una indagación sobre cómo la red social utiliza las publicaciones públicas de los usuarios europeos para entrenar su chatbot Grok AI. Dado que la sede europea de X se encuentra en Dublín, Irlanda es responsable de hacer cumplir la regulación de la UE.
La DPC investigará "el tratamiento de datos personales contenidos en publicaciones accesibles públicamente realizadas en la plataforma de redes sociales 'X' por parte de usuarios de la UE/EEE". Según las normativas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, Irlanda tiene la autoridad legal para imponer multas a X de hasta un cuatro por ciento de sus ingresos globales.
El objetivo de esta investigación es determinar si los datos personales fueron procesados de manera legal para el entrenamiento de los modelos de lenguaje Grok. Esta situación puede resultar familiar, ya que la DPC llevó a X ante los tribunales en 2024, solicitando una orden que impidiera al servicio utilizar datos de usuarios de la UE sin su consentimiento para entrenar Grok. Esto se debió a un cambio en la política de la plataforma en julio, que permitió el uso de publicaciones públicas para esta finalidad. Sin embargo, la DPC suspendió el proceso legal semanas después, al informar que la empresa había acordado limitar de manera permanente el uso de los datos personales de los usuarios de la UE en Grok. Recientemente, la DPC no ha aclarado por qué ahora considera que la empresa podría estar infringiendo las normas del GDPR.
La última multa impuesta a X, que en ese momento era conocida como Twitter, fue de 450,000 euros en 2020 por no notificar a la autoridad reguladora sobre una violación de datos en el plazo de 72 horas.