La FCC y la industria de la banda ancha debaten sobre el futuro de la neutralidad en la red.

Los abogados de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y representantes de la industria de la banda ancha tuvieron una acalorada discusión sobre el futuro de la neutralidad de la red ante un panel de jueces en un tribunal de apelaciones. Esta audiencia forma parte de un debate político incesante sobre las normativas de neutralidad de la red, las cuales reclasifican a los proveedores de servicios de Internet (ISPs) como transportistas comunes, impidiendo que limiten selectivamente el tráfico en la web.

Las reglas de neutralidad de la red fueron establecidas durante la administración de Barack Obama, derogadas por su sucesor Donald Trump, y reestablecidas bajo la FCC de Joe Biden en abril. Sin embargo, esta última versión no avanzó mucho, ya que la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito suspendió las normas mientras considera el caso. Durante los argumentos presentados, dos jueces nombrados por George W. Bush y uno por Trump interrogaron a ambas partes sobre las interpretaciones complejas de lo que constituye un "servicio de telecomunicaciones".

El tema central es si la FCC aún tiene la autoridad para hacer cumplir reglas como la neutralidad de la red, tras dos fallos de la Corte Suprema que debilitaron las capacidades de los reguladores. La audiencia puso especial énfasis en la importancia de la doctrina de las "preguntas importantes", que indica que el Congreso debe otorgar explícitamente a las agencias el poder de tomar ciertas decisiones. Además, se discutió la conclusión del principio conocido como deferencia de Chevron, que obligaba a los jueces a respetar la experiencia de las agencias. En un contexto post-Chevron, los tribunales tienen más libertad para decidir si una política como la neutralidad de la red debería existir o no.

Jeffrey Wall, quien representaba a la industria de la banda ancha, argumentó que las normas de la FCC eran un intento de asunción de poder que sobrepasaba los límites de su autoridad. Wall expresó que "esta agencia está ansiosa por utilizar sus otros poderes del Título II [transportista común] que desbloquea aquí para regular todo tipo de cosas sobre los ISPs: qué tipo de planes te ofrecen, a qué costo". Según él, esto representa un movimiento hacia un régimen de regulación gubernamental estricto que iría más allá de la neutralidad de la red, afectando todos los aspectos del Internet.

Por su parte, Jacob Lewis de la FCC defendió que era evidente que el Congreso pretendía permitir a la agencia definir lo que cuenta como un servicio de telecomunicaciones bajo el Título II, en contraste con un servicio de información regulado de manera más laxa bajo el Título I. Aunque el juez Richard Allen Griffin señaló que diferentes comisiones de la FCC han tenido enfoques cambiantes sobre la clasificación de los ISPs, Lewis argumentó que es crucial distinguir entre esas conclusiones "fundamentales" y la "autoridad general" de la agencia para tomar esa decisión.

El juez Raymond Kethledge mostró simpatía por este argumento, comparándolo con las reglas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) sobre mandatos de vacunas, las cuales, según la Corte Suprema, no podían ser aplicadas a la mayoría de grandes empleadores en el caso de las vacunas contra el covid-19. Kethledge indicó que, aunque con la Ley de Comunicaciones hay dos categorías mutuamente exclusivas, la agencia seguramente tendrá que hacer clasificaciones en su trabajo.

Ahora queda en manos de los jueces determinar si la FCC posee la autoridad para ejecutar su versión más reciente de las normas de neutralidad de la red. La parte que pierda podrá solicitar al pleno de jueces del Sexto Circuito que revise el caso antes de llevarlo a la Corte Suprema. Aunque la corte decida dar luz verde a la neutralidad de la red, el desenlace también dependerá del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán la próxima semana, considerando que fue el presidente Trump quien derogó las normas en primer lugar.