Amnistía Internacional otorga bajas calificaciones a los fabricantes de vehículos eléctricos por sus políticas de derechos humanos.
Las empresas deben ser más abiertas respecto a la procedencia de los materiales para baterías.
Un reciente informe de una organización de derechos humanos destaca que la industria automotriz no está haciendo lo suficiente para identificar y prevenir abusos a los derechos humanos en sus cadenas de suministro de baterías para vehículos eléctricos (VE). Esta evaluación abarcó a 13 de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, quienes recibieron una puntuación basada en sus políticas y prácticas en materia de derechos humanos. BYD, una de las empresas líderes en ventas globales de vehículos eléctricos, junto con Mitsubishi, obtuvieron las puntuaciones más bajas, con apenas 11 y 13 puntos, respectivamente, de un total posible de 90. En contraste, Mercedes-Benz y Tesla se posicionaron como los mejores evaluados, con 51 y 49 puntos, aunque todavía las calificaciones generales reflejan importantes áreas de mejora en la industria, evidenciando la necesidad de proteger a los trabajadores y comunidades cercanas a las minas.
El informe hace énfasis en que ninguna de las empresas revisadas demuestra que están llevando a cabo una debida diligencia adecuada en derechos humanos en sus cadenas de suministro para los materiales clave utilizados en las baterías de los VE. Quynh Tran, investigadora en el equipo de negocios y derechos humanos, subraya que "incluso las empresas con mejores desempeños tienen un amplio margen para mejorar". La transición hacia los vehículos eléctricos no debería implicar el sacrificio de los derechos humanos, especialmente considerando que la demanda de materiales como el cobalto, cobre, litio y níquel aumentará a medida que las naciones busquen cumplir con sus objetivos climáticos.
Amnesty International evaluó a las empresas en función de la información pública sobre sus políticas de derechos humanos, otorgando puntos por acciones concretas, desde compromisos al respeto de los derechos hasta respuestas ante abusos potenciales. Las puntuaciones de las empresas reflejan cuán preparadas están para identificar y abordar posibles abusos humanos vinculados a sus cadenas de suministro. Se destaca que un puntaje más alto no garantiza que la cadena de suministro de una empresa esté libre de abusos, sino que indica una mayor transparencia y un enfoque proactivo hacia esos riesgos.
La organización también señala la importancia de que las empresas indiquen de manera más clara sus cadenas de suministro, lo que incluye revelar las minas, fundiciones y refinadores de donde provienen sus materiales para baterías. Sin esta información, es complicado evaluar las condiciones en las que se está operando. Además, es crucial involucrar a las comunidades afectadas por la minería, ya que muchas de las empresas analizadas carecían de políticas que cumplan con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, especialmente en lo que respecta al consentimiento libre, previo e informado.
Por otro lado, la influencia de los gobiernos se considera fundamental para la implementación de políticas que exijan evaluaciones ambientales y salvaguardias en materia de derechos humanos. Sorprendentemente, Tran notó una mayor consistencia en la transparencia de los fabricantes europeos en comparación con los estadounidenses, posiblemente debido a un marco regulatorio más sólido en la Unión Europea.
Aunque algunas empresas no respondieron a la solicitud de comentarios, otras como Ford y Mercedes-Benz compartieron sus esfuerzos por mejorar en materia de derechos humanos. Generalmente, se concluye que, sin importar la tecnología, es vital garantizar el respeto a los derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro para alcanzar una transición justa y realmente sostenible hacia tecnologías verdes.