El Departamento del Tesoro enfrenta una demanda por la incorporación de DOGE en los sistemas de pago.

La administración del presidente Donald Trump se enfrenta a una demanda relacionada con la supuesta intrusión "masiva e inédita" de Elon Musk en los sistemas de pago del gobierno estadounidense. Este litigio fue presentado en un tribunal federal de Washington, DC, por el grupo de defensa Public Citizen, que solicita al tribunal poner fin a la "revelación ilegal, continua, sistemática y constante de información personal y financiera… a Elon Musk y otros miembros del denominado ‘Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), o a cualquier otra persona".

Public Citizen interpuso esta demanda contra el Departamento del Tesoro en nombre de la Alliance for Retired Americans, la American Federation of Government Employees y el Service Employees International Union, días después de que surgieran informes indicando que Musk y DOGE habían obtenido acceso a los sistemas de pago federales, así como a millones de números de Seguro Social de estadounidenses. El recurso legal argumenta que el Departamento del Tesoro, encabezado por el recién nombrado secretario Scott Bessent, infringió la Ley de Privacidad de 1974 y las regulaciones del Código de Rentas Internas que protegen la información de los contribuyentes al permitir que Musk y DOGE accedieran a estos sistemas.

El documento de la demanda indica que "las personas que deben compartir información con el gobierno federal no deberían verse obligadas a compartir información con Elon Musk o su ‘DOGE’". Además, se enfatiza que la ley federal establece que no deben hacerlo.

Asimismo, varios legisladores han solicitado investigaciones sobre la aparente toma de control de Musk sobre el Departamento del Tesoro. Durante el fin de semana, los senadores Ron Wyden y Elizabeth Warren enviaron cartas a Bessent pidiendo aclaraciones sobre si se le había otorgado a Musk "acceso total" a los sistemas de pago del gobierno.

Wyden, miembro de alto rango del Comité del Senado de Finanzas, advirtió que "estos sistemas de pago simplemente no pueden fallar, y cualquier interferencia políticamente motivada en ellos podría causar daños severos a nuestro país y a la economía". En su misiva, incluyó una serie de preguntas sobre si personas asociadas con Musk o DOGE habían solicitado o recibido acceso a los sistemas de pago del Fiscal Service, así como qué medidas de seguridad se habían implementado para proteger estos sistemas de posibles ciberataques.

Por su parte, Warren inquirió sobre las salvaguardias existentes para evitar abusos en el acceso a estos sistemas y qué medidas se estaban tomando para proteger la información sensible de los estadounidenses, como los números de Seguro Social. Ambas senadoras han fijado fechas límites para obtener respuestas.

Bradley Moss, abogado especializado en seguridad nacional, comentó que la administración podría enfrentar otros desafíos legales en relación a los intentos de DOGE por redefinir la burocracia federal. Organizaciones cuyos fondos se vean recortados por la congelación de pagos de USAID podrían presentar demandas, al igual que empleados federales afectados por las acciones de DOGE. Además, el Congreso podría cuestionar los esfuerzos de DOGE para retener fondos que han sido asignados a agencias y programas.

Moss señaló que "el presidente Trump claramente está en una fase de ‘simplemente hazlo y conviértete en leyenda’". Agregó que está llevándose al límite para ver qué es lo que puede lograr antes de que alguien pueda detenerlo legalmente, algo que probablemente no suceda con las mayorías republicanas en el Congreso.