Los defensores de la preservación de videojuegos han perdido una batalla legal para investigar juegos de manera remota.

Los académicos que investigan los videojuegos enfrentan el desafío de estudiar títulos que ya no están a la venta, lo que a menudo implica largas travesías para hacerlo de manera legal. En este contexto, la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. ha rechazado una petición de preservacionistas del videojuego que buscaban permitir a bibliotecas, archivos y museos prestar temporalmente copias virtuales de estos juegos a los usuarios. Kendra Albert, quien expuso el caso en nombre de la Software Preservation Network y la Library Copyright Alliance, señaló que las solicitudes de los preservacionistas eran moderadas: "Era algo que básicamente ya existe para todo tipo de colecciones especiales en las bibliotecas: la biblioteca revisa la solicitud, se asegura de que no sea dañina y permite el acceso a la obra".

A pesar de que la Oficina de Derechos de Autor permite a las instituciones prestar otros tipos de medios y programas de software de manera remota, los videojuegos siguen recibiendo un tratamiento diferenciado. Albert expresó su frustración al considerar que el mecanismo que se utiliza comúnmente para acceder a diversos materiales no es suficiente para los videojuegos. Los opositores a la medida, principalmente la Entertainment Software Association (ESA), defendieron que esto podría llevar a que las personas aprovechara las bibliotecas para jugar gratuitamente, afectando así el mercado de los videojuegos clásicos. Además, argumentaron que los preservacionistas no habían establecido restricciones adecuadas para asegurar que los usos se limitaran a la enseñanza, la investigación o la erudición.

Los defensores del acceso remoto argumentaron que la gran mayoría de los videojuegos nunca se vuelven a lanzar y que los que sí lo hacen, a menudo, se modifican o remasterizan de tal manera que pierden valor para el estudio. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso no fue persuadida, y determinó que no había evidencia suficiente de que el acceso remoto a los videojuegos no infringiría los derechos de autor, destacando el riesgo de daño al mercado asociado a los videojuegos de legado.

Albert expresó su desilusión con este resultado, señalando que parecía que la Oficina de Derechos de Autor no tomó en cuenta información presentada por algunos editores de videojuegos, quienes afirmaron que el acceso remoto limitado no perjudicaría el mercado de sus re-lanzamientos. Si se hubiera aprobado la solicitud, no habría sido un cambio permanente, ya que cada tres años se ofrece la posibilidad de solicitar excepciones específicas a la sección 1201 de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, una vez que son renovadas.

La Oficina sí renovó la exención que permite a las bibliotecas e instituciones preservar videojuegos, así como un permiso para que las personas puedan jugar estos títulos en persona. Entre las propuestas de excepción al DMCA que solicitaron los preservacionistas se incluían videojuegos en forma de programas de computadora que se hubieran adquirido legalmente y que no requirieran acceso a un servidor externo para jugar, siempre que no estuvieran disponibles comercialmente.

La ESA emitió un comunicado tras el fallo, reconociendo la importancia de preservar los videojuegos y proteger el hardware relacionado, subrayando que la decisión reafirma el nivel actual de preservación. Por otro lado, la Video Game History Foundation condenó la postura de la ESA, calificando sus esfuerzos de cabildeo como un obstáculo para el progreso en la preservación de videojuegos.