Biden sugiere nuevas restricciones a la exportación de GPUs dirigidas a China.
Biden busca establecer nuevas restricciones a las exportaciones de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para evitar que China y sus aliados accedan a esta tecnología.
La administración de Biden ha presentado una nueva normativa conocida como “regla de difusión de IA”, que busca limitar la exportación de GPUs altamente solicitadas para aplicaciones de inteligencia artificial. Aunque no se menciona explícitamente a ningún país, la medida es ampliamente interpretada como un intento de evitar que China supere a Estados Unidos en el ámbito del desarrollo de IA.
La normativa establece tres niveles de licencias. El primer nivel es irrestricto e incluye tanto el mercado nacional como a 18 aliados estratégicos. La mayoría de los países se clasifica en un segundo nivel, el cual tendrá limitaciones sobre la cantidad de potencia de cómputo que podrán importar mediante las GPUs más avanzadas de EE. UU. El tercer nivel está compuesto por países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, donde se prohibirá efectivamente a las empresas estadounidenses la venta de sus GPUs más potentes.
Además, las compañías radicadas en Estados Unidos estarán restringidas en cuanto a la divulgación de muchos detalles sobre sus modelos de software de IA hacia países fuera del primer nivel, y necesitarán consentimiento del gobierno federal antes de establecer grandes centros de datos en cualquier nación del segundo nivel.
Diversas organizaciones, incluida la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), han expresado su desaprobación ante esta decisión, argumentando que las restricciones podrían conducir a que muchos países busquen colaborar más estrechamente con China. SIA ha declarado que "la nueva regla corre el riesgo de causar daños inesperados y duraderos a la economía y a la competitividad global de Estados Unidos en semiconductores y IA, cediendo mercados estratégicos a nuestros competidores." NVIDIA también se opuso a la medida, con Ned Finkle, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la compañía, afirmando que la administración Biden "busca socavar el liderazgo de Estados Unidos con un laberinto regulatorio de más de 200 páginas, redactado en secreto y sin la debida revisión legislativa."
La norma cuenta con un período de comentario de 120 días, por lo que su viabilidad bajo una posible administración Trump queda en suspenso.
